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Política

Presidente del Parlamento remitió a Consultoría Jurídica de la AN decisión del TSJ en el exilio para designar nuevo mandatario

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El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, informó que se remitió a la Consultoría Jurídica del parlamento la notificación que el pasado lunes envió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para designar un nuevo mandatario nacional.

Durante la sesión, la Fracción 16 de Julio solicitó a la directiva del parlamento incluir en el orden del día la discusión para designar un nuevo presidente, a lo que Barboza propuso esperar la respuesta de ese departamento.

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Emergencia en el sector transporte y salario

La presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada Nora Bracho, solicitó a la plenaria declarar la emergencia en el sector transporte, ante las fallas existentes en el servicio.

La parlamentaria aseguró que el déficit de unidades transporte es de 90%, hay problemas con los insumos, cementerios de vehículos sin reparar y criticó que se implementen las denominadas “perreras”.

En la sesión se le dio un derecho de palabra al presidente de la Federación Nacional de Transporte, Germán Duarte, quien denunció que en Venezuela no se puede pagar lo que vale un pasaje urbano, como en otros países, porque no alcanzaría el salario: “En menos de un día se le acabaría el salario de un mes”.

En referencia a ese salario, la diputada María Beatriz Martínez recordó que es insuficiente porque en Venezuela todo está dolarizado y reiteró la propuesta de que las remuneraciones se paguen teniendo como referencia la cotización de esa moneda.

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Primera sanción en siete meses

Durante la sesión se sancionó el primer texto jurídico del periodo legislativo de este año que ya lleva siete meses. Se trata de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos.

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta, explicó para laboratoriomediatico.com las implicaciones de esta reforma:

Política

AN aprobó incorporación del diputado de Amazonas

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Johan Rangel

La Asamblea Nacional aprobó la incorporación del diputado independiente por el estado Amazonas, Romel Guzamana. En la sesión de este martes, se cumplió la orden emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo el pasado 9 de julio.

La ponencia a cargo de la magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez, declara nula la sentencia dictada por la Sala Electoral del TSJ No 260, de fecha 30 de noviembre de 2015 y por consiguiente, ordena la restitución de todos los derechos a los diputados del estado Amazonas afectados por esta decisión.

Dentro de los derechos restituidos está la incorporación inmediata a sus curules dentro  del hemiciclo de la Asamblea Nacional. La decisión de la magistrada Rodríguez beneficia no sólo al diputado Guzamana sino al diputado Julio Harón Igarza y a la diputada Nirma Guarulla.

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Diputado Romel Guzamana fue incorporado hoy a la Asamblea Nacional

La sentencia señala que la decisión del TSJ en diciembre de 2015 tiene contenidos jurisprudenciales descontextualizados, “con la intención de dar validez a hechos no corroborados”, esto en referencia a los señalamientos de supuestos sobornos por parte de la Gobernación de Amazonas.

Para Guzamana es fundamental recuperar la representación de los votantes en Amazonas y Apure “con nuevas ideas, rescatando la confianza en Venezuela”.

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Adelantó que los parlamentarios “han hecho reuniones últimamente y pudiera haber próximamente un pronunciamiento de verdadera unidad”.  Por otra parte, agregó que la población indígena está muy afectado por la guerrilla colombiana “que se está llevando nuestra gente y las riquezas”.

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Política

AN consignará a la CPI evidencias de violaciones a los Derechos Humanos

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Diana Sánchez | @DGSS18

Durante la sesión del día de la Asamblea Nacional (AN) se dio a conocer que los documentos encuentran bajo su poder y evidencian las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que se han suscitado en Venezuela, serán entregados a la Corte Penal Internacional.

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Entre las evidencias a entregar se incluyen 8.292 ejecuciones, entre ellas la de Oscar Pérez

En la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional, se hizo de conocimiento público el próximo objetivo de los parlamentarios: “Será remitida a la CPI todos los documentos que demuestran las violaciones a los DDHH que comete el gobierno Nacional contra los venezolanos.”, cita el tweet.

La diputada Delsa Solórzano detalló que el documento que preparan en el Parlamento incluye: 1.300 presos políticos que datan desde 2013, 12.000 detenciones y  8.292 ejecuciones en la que se incluye el caso de Oscar Pérez.

Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional

Cabe resaltar que, la Comisión Permanente de Política Interior de la AN dio su apoyo al informe elaborado, en mayo de este año, por la Organización de Estados Americanos.

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Con información de El Nacional

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Política

Grupo de Lima condena movilización militar por parte de Venezuela

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Almaluz Díaz. @almaluzd

Ante informes que advierten acerca de un despliegue militar en la frontera con Colombia en las últimas horas por parte del gobierno venezolano, el Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú y otros siete naciones emitió un pronunciamiento difundido por la cancillería chilena a través del cual entre otros aspectos, condena la ruptura del orden constitucional y del estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela y exige la apertura del canal humanitario que “facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición”.

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El ente multilateral, nacido tras la Declaración de Lima del 08 de agosto de 2017 en el que participaron 17 países reunidos en búsqueda de soluciones a la grave crisis de Venezuela expresó que las movilizaciones de armamento y aviones militares registradas en la zona limítrofe con Colombia por parte de Venezuela son acciones “que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC”.

Grupo de Lima pide a gobierno venezolano que permita la apertura de un Canal Humanitario para atender emigrantes

Asimismo, el Grupo de Lima reiteró hoy que no reconoce las más recientes elecciones presidenciales, por no cumplir con los estándares internacionales y expresa su “consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos a Venezuela”, que incluyen “uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos y falta de acceso a la justicia”.

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A continuación se transcriben los puntos centrales pronunciamiento del Grupo de Lima que esta vez no fue suscrito por Canadá, Brasil, Guayana, Santa Lucía, Barbados, Estados Unidos y Jamaica:

1. Condenan la ruptura del orden constitucional y del estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos.

2. No reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacional, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollo sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

3. Hacen un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia.

4. Expresan su profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos a Venezuela, denunciados en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales de la democracia en ese país.

5. Expresan su profunda preocupación por informaciones recientes por movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia,  acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC.

6. Reiteramos el llamado urgente al Gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición.

7. Reconocen la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en  Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana y

8. Expresan su disposición de implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el Derecho Internacional aplicable, medidas de nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

 

Con información de Panampost y El Nacional

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