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Política

467 mil 683 armas menos entre 2003 y 2017

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Almaluz Díaz. @almaluzd

Más de 467 mil armas de fuego han sido desincorporadas de la sociedad venezolana  y destruidas desde el año 2003 cuando inició la política de desarme del Presidente Hugo Chávez y sus residuos metálicos se están utilizando en la fabricación de cabillas para la Gran Misión Vivienda Venezuela, según informó Delia Rondón, Directora del Servicio Nacional para el Desarme, SENADES en entrevista ofrecida a Unión Radio.

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Al celebrarse hoy el Día Internacional para la Destrucción de Armas, según decisión de la Organización de las Naciones Unidas de 2001 en el marco de la Conferencia que se hiciera ese año sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, la vocera oficial de SENADES señaló que la principal fuente de armas ilegales en Venezuela son los grupos armamentistas de Colombia. También engrosan esa cifra de armas ilegales aquéllas cuya permisología no fue renovada por sus propietarios.

La Directora de SENADES afirma que muchas armas vienen de Colombia

“Este año nos encontramos trabajando en el proceso contra las armas de fuego. Dos veces al año procedemos a la destrucción de armas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC han ido dando un soporte a la incautación de armas. Nuestro rol como Misión de inclusión contempla el desarme voluntario de las personas, lo cual incluye una compensación simbólica que otorga el Estado para garantizar la inserción del individuo a la sociedad. No obstante, sabemos que es papel de los entes judiciales abrir las averiguaciones a que haya lugar con respecto a la procedencia de algunas armas  involucradas en delitos.

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Admitió que a la fecha de su promulgación en 2013, la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones generó polémica por las acciones que de ella se derivarían, no obstante, luego de cuatro años de funcionamiento, el Servicio ha logrado sumar a esta causa del desarme a unas 3.900 personas, quienes han sido beneficiadas con el incentivo. Se refiere a los electrodomésticos que el Gobierno ha estado dando a cambio de un arma ilegal en el marco de la Misión a Toda Vida Venezuela.

Rondón hizo un llamado a la población para que “sientan confianza” hacia este programa y para ellos los funcionarios de SENADES vienen haciendo actividades en las plazas públicas adonde están llevando un “mensaje de paz a todos los jóvenes”.

Cifras cuyas fuentes no fueron reveladas en el portal Panampost, indican que estos esfuerzos aún no son suficientes, ya que a finales de 2017 había en Venezuela 10,7 armas por cada 100 habitantes, cifra que supera los indicadores de El Salvador (5,8) y Honduras (6,2), considerados los más violentos del mundo.

Pese a que la fecha conmemorativa de la Organización de las Naciones Unidas promueve actividades de desarme en muchas partes del mundo, la organización humanitaria internacional OXFAM lamentó que “se producen diez armas de fuego nuevas por cada una que se destruye. Los esfuerzos de las personas corrientes se ven debilitados por la negativa a actuar de los gobiernos: un ejemplo clásico de un paso adelante y 10 atrás”. Partiendo de ese ritmo de producción armamentista, lamentablemente hoy día existe un arma por cada diez habitantes.

Con información en directo de Unión Radio.

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Política

AN aprobó incorporación del diputado de Amazonas

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Johan Rangel

La Asamblea Nacional aprobó la incorporación del diputado independiente por el estado Amazonas, Romel Guzamana. En la sesión de este martes, se cumplió la orden emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo el pasado 9 de julio.

La ponencia a cargo de la magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez, declara nula la sentencia dictada por la Sala Electoral del TSJ No 260, de fecha 30 de noviembre de 2015 y por consiguiente, ordena la restitución de todos los derechos a los diputados del estado Amazonas afectados por esta decisión.

Dentro de los derechos restituidos está la incorporación inmediata a sus curules dentro  del hemiciclo de la Asamblea Nacional. La decisión de la magistrada Rodríguez beneficia no sólo al diputado Guzamana sino al diputado Julio Harón Igarza y a la diputada Nirma Guarulla.

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Diputado Romel Guzamana fue incorporado hoy a la Asamblea Nacional

La sentencia señala que la decisión del TSJ en diciembre de 2015 tiene contenidos jurisprudenciales descontextualizados, “con la intención de dar validez a hechos no corroborados”, esto en referencia a los señalamientos de supuestos sobornos por parte de la Gobernación de Amazonas.

Para Guzamana es fundamental recuperar la representación de los votantes en Amazonas y Apure “con nuevas ideas, rescatando la confianza en Venezuela”.

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Adelantó que los parlamentarios “han hecho reuniones últimamente y pudiera haber próximamente un pronunciamiento de verdadera unidad”.  Por otra parte, agregó que la población indígena está muy afectado por la guerrilla colombiana “que se está llevando nuestra gente y las riquezas”.

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Política

AN consignará a la CPI evidencias de violaciones a los Derechos Humanos

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Diana Sánchez | @DGSS18

Durante la sesión del día de la Asamblea Nacional (AN) se dio a conocer que los documentos encuentran bajo su poder y evidencian las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que se han suscitado en Venezuela, serán entregados a la Corte Penal Internacional.

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Entre las evidencias a entregar se incluyen 8.292 ejecuciones, entre ellas la de Oscar Pérez

En la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional, se hizo de conocimiento público el próximo objetivo de los parlamentarios: “Será remitida a la CPI todos los documentos que demuestran las violaciones a los DDHH que comete el gobierno Nacional contra los venezolanos.”, cita el tweet.

La diputada Delsa Solórzano detalló que el documento que preparan en el Parlamento incluye: 1.300 presos políticos que datan desde 2013, 12.000 detenciones y  8.292 ejecuciones en la que se incluye el caso de Oscar Pérez.

Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional

Cabe resaltar que, la Comisión Permanente de Política Interior de la AN dio su apoyo al informe elaborado, en mayo de este año, por la Organización de Estados Americanos.

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Con información de El Nacional

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Política

Grupo de Lima condena movilización militar por parte de Venezuela

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Almaluz Díaz. @almaluzd

Ante informes que advierten acerca de un despliegue militar en la frontera con Colombia en las últimas horas por parte del gobierno venezolano, el Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú y otros siete naciones emitió un pronunciamiento difundido por la cancillería chilena a través del cual entre otros aspectos, condena la ruptura del orden constitucional y del estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela y exige la apertura del canal humanitario que “facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición”.

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El ente multilateral, nacido tras la Declaración de Lima del 08 de agosto de 2017 en el que participaron 17 países reunidos en búsqueda de soluciones a la grave crisis de Venezuela expresó que las movilizaciones de armamento y aviones militares registradas en la zona limítrofe con Colombia por parte de Venezuela son acciones “que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC”.

Grupo de Lima pide a gobierno venezolano que permita la apertura de un Canal Humanitario para atender emigrantes

Asimismo, el Grupo de Lima reiteró hoy que no reconoce las más recientes elecciones presidenciales, por no cumplir con los estándares internacionales y expresa su “consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos a Venezuela”, que incluyen “uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos y falta de acceso a la justicia”.

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A continuación se transcriben los puntos centrales pronunciamiento del Grupo de Lima que esta vez no fue suscrito por Canadá, Brasil, Guayana, Santa Lucía, Barbados, Estados Unidos y Jamaica:

1. Condenan la ruptura del orden constitucional y del estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos.

2. No reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacional, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollo sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

3. Hacen un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia.

4. Expresan su profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos a Venezuela, denunciados en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales de la democracia en ese país.

5. Expresan su profunda preocupación por informaciones recientes por movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia,  acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC.

6. Reiteramos el llamado urgente al Gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición.

7. Reconocen la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en  Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana y

8. Expresan su disposición de implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el Derecho Internacional aplicable, medidas de nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

 

Con información de Panampost y El Nacional

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