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200 familias viven en terrenos de alto riesgo en San Cristóbal

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Anggy Murillo

Como si los hubieran borrado del mapa, así dijeron sentirse habitantes de dos comunidades de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, sectores ubicados en zonas vulnerables o de alto riesgo, esto según informes emanados por Protección Civil municipal y regional, donde algunos habitantes han tenido que sortear los fuertes aguaceros que en cierta época del año azotan la región, temiendo incluso que sus viviendas, ya afectadas, terminen de colapsar.

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No han recibido visitas de gobernadores, alcaldes o alguna institución que les ayude, salvo en época de elecciones, cuando prometen cielo y tierra para conseguir algunos votos, pero cuando ganan vuelven a lanzarlos al baúl del olvido y ya nunca regresan. El único organismo que ha acudido a estas zonas es Protección Civil, quienes continúan recordándoles que deben desalojar ante el riesgo del colapso, pero al ser familias humildes no pueden hacerlo, pues no cuentan con los recursos para adquirir otra vivienda o pagar alquiler.

Vereda 8bis de La Popa

Tal es el caso de quienes viven en la vereda 8bis de “La Popa”, un populoso sector de la capital andina, donde hace más de ocho años, al menos 16 viviendas colapsaron producto del deslizamiento del terreno, algunas personas abandonaron el lugar, otras continúan allí pues crecen de recursos.

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Una de estas personas es Luís Carrero, quien progresivamente fue viendo cómo iban colapsando las paredes de su casa, tuvo que mudarse a la vivienda del frente propiedad de una hermana que se fue de la zona, sin embargo, las paredes presentan daños, hay hundimientos y desnivel en algunas dependencias, además de pérdida del techo lo que genera que cada vez que llueve, sean innumerables las goteras que se dejan ver en cocina, baño y habitaciones. Aseguró que teme un día una de esas paredes se derrumbe por completo y ocasione una tragedia a su familia.

 

 

“Algunos de nosotros tenemos que perseverar porque no hemos conseguido ni albergues, ni tampoco en la modalidad de nuestros familiares, soy uno de los que tuve que recurrir a quedar en una casa en unas condiciones bastantes precarias en cuanto a la infraestructura, pero la realidad es apremiante, no tengo recursos para pagar los alquileres. Esto ha ido generando costos realmente absurdos, es imposible poder pagar un alquiler y menos tener las condiciones de vida para alimentarse, higiene y el cuidado personal. Estoy esperando que por la Misión Vivienda pueda en algún momento ser tomado en cuenta, le agradezco a las autoridades no solo por mí, sino por lo que puedan hacer por muchas personas, lo que a bien esté dentro de sus competencias”, dijo.

“A mi casa se le hundió la parte trasera”

La vivienda de Alicia Duque fue otra de las afectadas, aunque en menor proporción, señaló que la de su suegro, una construcción tipo chalet de tres plantas, fue la primera que comenzó a deslizarse e inclinarse, debido a que ya se encontraba muy deteriorada y le estaba generando daños considerables a su vivienda, decidieron demolerla.

 

 

“A mi casa se le hundió la parte trasera y la del frente, se le partieron las paredes, como pudimos la resanamos y aquí estamos. Con la situación país no podemos salir a pagar un alquiler, mi suegro tuvo que irse donde familiares porque no podía pagar alquiler. Aquí no ha venido ningún ente ni nos han ofrecido ningún tipo de ayuda. Lo poco lo hemos resuelto nosotros mismos, nadie ha venido a darnos una mano”, exclamó.

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Explicó que esperan que en algún momento la Alcaldía de San Cristóbal o la Gobernación del estado se apiaden de ellos y acudan por lo menos a ayudarles a mantener limpios los terrenos que quedaron vacíos, pues en ocasiones, hay presencia de menores de edad consumiendo drogas. También colaborar con el sistema de aguas negras y blancas que presenta daños. “Nosotros tenemos el problema en frente de mi casa, cada vez que llueve la tierra cede y el tubo se daña, se mete el agua para mi casa”.

José Agustín Cobaría vive con su esposa, hijos y nietos, reseñó que el deslizamiento de la carretera de esta vereda comenzó hace al menos 10 años, en ese momento, Protección Civil acudió al sitio, les dieron un censo y les pidieron que desalojaran, narra que posterior a eso, ningún otro organismo acudió a brindarles atención, su petición principal es el arreglo de la vialidad que queda.

 

 

“Para donde se va a ir uno si no tiene, nos toca seguir aquí y Dios quiera que no se siga dañando. Mi vivienda tiene unas rajaduras, no es tanto, pero el garaje si se dañó por completo, se partió todo, se corrió tres metros y se hundió tres metros, está todo desbaratado. Yo no me iría a un refugio, allá lo meten a uno como un animalito, es mejor estar aquí porque uno sabe que está libre, a veces hasta se les olvida que tienen gente allá encerrada”, señaló.

400 amenazadas por el río Torbes

Otra de las comunidades afectadas es el Barrio San Francisco. En  esta zona habitan alrededor de 400 familias, al estar ubicada a escasos metros del Río Torbes, una de las principales afluentes hídricas del estado y que en temporada de lluvias ha ocasionado cientos de emergencias, la hace ser una zona vulnerable. Allí  hace poco más de dos semanas, colapsaron seis viviendas de la vereda tres, pues el río socavó el terreno y generó deslizamientos.

Pese a los daños generados y las advertencias de Protección Civil, una familia continúa habitando su vivienda, sus vecinos comentaron que es una mujer con dos hijos y que se encontraba en el Hospital Central, pues al no haber alumbrado eléctrico y pedazos de las paredes que colapsaron, su hijo menor se cayó y sufrió una fractura, según explicaron la cirugía supera los cinco millardos de bolívares, pues deben comprar los clavos que necesita el niño.

Sobre el colapso de las viviendas, Diana Hernández, una de las afectadas, aseguró haber quedado sin un techo para sus cuatro hijos, su madre, hermana, sobrino y cuñado, a pocos días de dar a luz a su quinto pequeño, explicó que un vecino accedió a darle posada, pero al ser una familia tan numerosa ya les pidió buscar otro lugar para vivir.

Proveniente de Valencia, estado Carabobo, explicó que la lluvia del 14 de junio generó que el río se terminara de llevar las casas ya afectadas, “se fue yendo poco a poco, a lo que llovió más fuerte se terminó de caer, yo no quería salir, yo dije que me iba a quedar ahí hasta el último momento porque de verdad no tenía para donde irme, yo con cuatro niños, mi hermana con uno, mi mama, mi cuñada somos ocho en total. Nadie quiere alquilarle a uno, hay dos casas solas y me dijeron que no, que por la ley que había dado el presidente y que yo la podía invadir”, dijo.

Diana Hernández

Señaló que en esa ocasión también fueron censados por Protección Civil, cuando acudieron a la sede del organismo a solicitar una copia, la respuesta obtenida fue que no tenían cómo dársela, que se comunicarían pues la necesitan para poder pedir ayudas, “ya vamos para un mes y no tenemos respuesta”.

Otra de las casas que peligra ante la proximidad del río es la de Jairo Romero, vive con su esposa y su hija sordomuda de 23 años, aseguró que aunque están conscientes del riesgo en el que habitan, deben continuar en el lugar pues no cuentan con otro sitio para mudarse. Al ingresar a su vivienda, lo primero que se puede ver, son afiches de Simón Bolívar, Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Tocando la foto del fallecido presidente aseguró que “su alma es la que cuida mi casa”, al inspeccionar un poco se pudieron detectar algunas grietas y filtraciones en las paredes.

 

200 familias en alto riesgo

Según Ronald Zerpa, director de Protección Civil del municipio San Cristóbal, en esta jurisdicción y desde hace varios años, al menos 200 familias de seis comunidades fueron georreferenciadas como vulnerables o de alto riesgo, construcciones que están en terrenos no aptos o en las márgenes de afluentes hídricas.

“Barrio Rafael Moreno, La Metalúrgica, Barrio El Hoyo, son algunas de las zonas que ya nosotros hemos diagnosticado como de alto riesgo, esto motivado a las características que presentan todas estas viviendas cuando hay temporada de lluvias. Son más de 6 sectores y 200 familias que se encuentran en alto riesgo, una situación bastante relevante cada vez que se registran lluvias en nuestra ciudad por el comportamiento que presenta el Río Torbes y que genera una situación de emergencia importante”, dijo el representante del organismo de prevención.

 

 

Aseveró que debido a que no cuentan con recursos suficientes para otorgar la atención que exigen estas familias, lo único que pueden hacer es continuar dándole seguimiento a estas situaciones, pues aunque entienden la inversión económica realizada por cada una de estas familias para la construcción de las viviendas, también se debe entender que hay terrenos que no son aptos para la edificación.

“Lamentablemente no se puede construir en estos lugares porque siempre que se registran lluvias en la ciudad, el río va a buscar su cauce, de esta manera es que se han generado todas las situaciones de emergencia. Nosotros nos mantenemos en constante monitoreo y seguimiento para una atención inmediata, con todo y los pocos recursos que tenemos, pero es nuestro servicio y deber venir a visitarlos, hacer el seguimiento y prestarles la colaboración”, explicó.

De acuerdo con Zerpa, en San Cristóbal existen cuatro refugios donde albergan a más de 15 familias que en algún momento perdieron sus viviendas, familias que vivían en zonas de alto riesgo, muchas llevan años esperando les sea asignada una vivienda, pues pese a que el anterior gobernador era oficialista, nunca obtuvieron la ayuda anhelada. Actualmente, estos refugios ya no cuentan con cupos para recibir más personas.

Según la Ley de Aguas, publicada en Gaceta Oficial número 35.595 con fecha del 02 de enero de 2007, en el artículo 6, numeral 2, se establece que son bienes del dominio público de la Nación:

“Todas las áreas comprendidas dentro de una franja de ochenta metros (80mts.) a ambas márgenes de los ríos no navegables o intermitentes y cien, metros (100 mts.) a ambas márgenes de los ríos navegables, medidos a partir del borde del área ocupada por las crecidas, correspondientes a un período de retorno de dos coma treinta y tres (2,33) años. Quedan a salvo, en los términos que establece esta Ley, los derechos adquiridos por los particulares con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma”,  por lo que no está permitido ningún tipo de construcción dentro de este territorio.

 

Si bien es cierto que en la Alcaldía de San Cristóbal existe la Oficina Municipal de Planificación Urbanística, durante años ninguna gestión ha realizado el trabajo adecuado para el seguimiento y control de las construcciones que se realizan en la capital andina, situación con la que se podría impedir que cada día sean más las viviendas que se levantan en zonas no permitidas y llevaría a disminuir el número de familias que se ven afectadas durante las temporadas de lluvias.

 

Venezuela

Comenzó paro indefinido de trabajadores de la industria eléctrica

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El presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), Ángel Navas, anunció que a partir de este lunes 23 de julio el sector se irá a paro indefinido para presionar por mejoras contractuales. Navas hizo el anuncio en medio de una protesta de los empleados de la empresa estatal ante el Ministerio del Trabajo, asegurando que la representación sindical se levantó de la mesa de negociación de la nueva contratación colectiva ante la negativa de la directiva de atender sus reclamos.

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“Nos levantamos de la mesa porque la propuesta que nos hicieron fue una bofetada”, dijo el dirigente, quien no dudó en responsabilizar al ministro Motta Domínguez por el fallo de las negociaciones y todo lo que la ruptura de las negociaciones pueda acarrear. “Hemos tenido demasiada paciencia  esperando una respuesta del Gobierno, pero no logramos nada concreto”, dijo Navas.

Ángel Navas, presidente Fetraelec.

Navas aseguró que será una movilización nacional, por lo que se prevé que la ya precaria condición de la generación y distribución eléctrica a escala nacional pueda empeorar. “Presidente Maduro, póngase las pilas porque le van a tumbar la industria eléctrica y eso sí tumba Gobierno, nosotros estamos dispuestos a defender nuestros derechos y a nuestras familias”, dijo.

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El representante sindical recordó que la situación de la empresa se ha visto altamente perjudicada por la renuncia masiva del personal antes los bajos salarios que perciben. Según datos de Fetraelec, unos 17.000 trabajadores han presentado su renuncia o simplemente han dejado de ir a sus labores. “Esto prácticamente ha generado un paro técnico en la industria eléctrica nacional”, aseguró.

Alé Briceño, secretario ejecutivo Fetraelec.

En ese mismo orden de ideas, el secretario ejecutivo de Fetraelec, Alí Briceño, anunció que desde la reunión sostenida en la ciudad de Caracas el pasado martes, se tomó la decisión de comenzar un paro indefinido del sector eléctrico desde este lunes 23 de julio a las 7:00 de la mañana.

Acatando esa situación de paro indefinido, los trabajadores solamente atenderán las estrictas emergencias, así que la paralización de Corpoelec puede representar la paralización de todo el país a partir de hoy lunes, pues “si se apaga Corpoelec, se apaga el país”, destacó Briceño.

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Venezuela

Freddy Bernal echa culpas al gobierno por la crisis económica

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Una confesión parece haber salido de la boca de Freddy Bernal, protector del estado Táchira y una de las principales figuras del chavismo en las dos últimas décadas, al admitir que tanto lo bueno como lo malo que pasa en este país son responsabilidad del Gobierno, al estar por 19 años en el poder.

“Hemos perdido gobernabilidad; somos responsables en ello. Y somos responsables de ello. No es responsable la IV República, tampoco Carlos Andrés Pérez. Somos responsables nosotros, porque tenemos 19 años en Revolución, y somos responsables por lo bueno y lo malo que pasa en este país” La cita fue extraída de un video que empezó a circular en las redes sociales, lo que ocasionó comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de Twitter.

El actual Jefe Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) ha pasado por varios cargos desde que el chavismo llegó al poder. Después de ser Alcalde del municipio Libertador durante ocho años y diputado a la Asamblea Nacional, Bernal tuvo un breve paso por el ministerio de Agricultura Urbana y ahora fue designado protector de Táchira.

Al ser Jefe de los Clap, ha tenido una responsabilidad directa en la distribución de alimentos en el país, y ha sido foco de las muchas polémicas que ha desatado este mecanismo del Gobierno.

Julio Escalona, une su voz a la autocrítica.

Las autocríticas en el seno del Gobierno continúan con el ‘Constituyente’ Julio Escalona, quien considera que hay un “silencio” por parte de sectores internos de la administración del Maduro, frente a un “gran ruido” del país.n “Hay un gran problema al momento de oír, y si algo debe hacer el gobierno es oír. Yo siento que no está oyendo mucho”, reflexionó Escalona.

El miembro de la ilegítima Asamblea Constituyente (ANC) agregó que una de las principales quejas que se escuchan en la calle es sobre los precios, aspecto en el que el Gobierno no ha propiciado ningún avance después de un año de la implementación de los “precios acordados”.

Estas declaraciones, por parte de figuras importantes del chavismo, se unen a las voces autocríticas que han invadido la palestra en las últimas semanas. El constituyente Jesús Faría, quien rechaza el control cambiario, al igual que Roy Daza,  y Earle Herrera, constituyente quien reconoció que la justicia no está funcionando y que la actuación de los miembros de la ANC es inútil, no cumple ninguna acción que pudiera ser atendida por los órganos del Poder Público, ya que sus denuncias, planteamientos e incluso las solicitudes de justicia no son atendidas. (TalCual/EfectoCocuyo)

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Mundo

Uruguay defiende su “política exterior independiente y soberana”

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Víctor Pablo Castellanos @vctorpablo

Tras las críticas de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, HRW, frente a la no adhesión de Uruguay a la declaración conjunta sobre la crisis venezolana que Perú emitió a comienzos de julio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno uruguayo aseguró hoy que tiene “una política exterior independiente y soberana” y que “nadie de buena fe” puede poner en tela de juicio su “compromiso” con los derechos humanos.

Un comunicado oficial de la cancillería del país suramericano indica: “Uruguay, en tanto país profundamente comprometido con la paz y la seguridad regionales, se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre estas situaciones lamentables y dolorosas que se viven en países vecinos y hermanos. Sostener lo contrario no hace honor a la verdad”.

La Cancillería, que asegura que Uruguay dice que no discute su política exterior en Twitter; tras el reclamo de HRW, respondió hoy que el país “es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos” y que las ONG con las que “colabora constructivamente tanto a nivel del sistema interamericano como en el marco del Consejo de Derechos Humanos, conocen la posición de principios del Uruguay, adoptada desde la creación de este órgano, de no promover ni adherir a declaraciones conjuntas sobre países“.

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Aseguró el despacho para relaciones exteriores que atribuirle a Uruguay “una voluntad complaciente” ante “violaciones graves de derechos humanos solo podría deberse a la desinformación o a un afán injustificable de desprestigiar el sólido y bien ganado reconocimiento del Uruguay en los foros internacionales de derechos humanos“.

Doce países americanos, más todos los de la Unión Europea suscribieron la declaración que denuncia la grave situación humanitaria que sufre Venezuela y las profundas violaciones reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

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Vivanco arremetió contra Montevideo a través de una carta arguyendo que: “Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la ONU, aún no se haya adherido a esta iniciativa”

José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch HRW

 

Advirtió que: “la declaración, una iniciativa regional, ya ha sido suscrita por 53 estados de todo el mundo y se encuentra abierta a adhesiones hasta este viernes, 20 de julio”.

Uruguay continúa su defensa ante los señalamientos del funcionario de HRW asegurando en su comunicado que: “aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y sus libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático”, “en lugar de contribuir a una salida pacífica y negociada, aventa las posibilidades de cooperación” y coarta la “capacidad de coadyuvar a la restauración democrática”.

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Remata el documento diciendo: “Uruguay tiene una política exterior independiente y soberana, fruto de los principios y valores que ha acuñado históricamente a lo largo de su participación en los foros regionales e internacionales. Esa política exterior, basada en convicciones profundas y no producto de coyunturas o intereses políticos circunstanciales, merece el mayor respeto”,

A través de la red Twitter Vivanco calificó de “insípida” la respuesta de Uruguay a su carta: “Deja en claro que no se puede contar con ellos para criticar el régimen de Venezuela. Curioso: condenan violaciones de DDHH en Nicaragua pero sostienen que hacer lo mismo en Venezuela “aventa las posibilidades de cooperación”(?)“.

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Con información de agencias

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